LA
UTPBA COMENZÓ A DISTRIBUIR SU REVISTA DE JUNIO
Buenos Aires,
22 de junio (ANC-Utpba).- “En la lucha de ideas” es
el título de portada del número de junio de la revista
de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires,
edición en la que realiza una amplia cobertura de los Encuentros
“Utpba 2004” y el Regional de la Federación
de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom), realizados
el pasado sábado 12 con una masiva participación
de periodistas y comunicadores sociales.
La edición
de 16 páginas tamaño tabloide aborda los debates
realizados durante la jornada en las comisiones de Comunicación
y Cultura y de Salud, y publica testimonios y opiniones de los
cientos de participantes.
La revista
detalla la lucha que, junto con la Utpba, mantienen los trabajadores
de prensa de La Nación, Canal 7, Radio Nacional, Crónica
e Infosic.
“La
Utpba” de junio comenzó a distribuirse entre los
trabajadores de prensa de radios, canales de televisión,
cables, agencias de noticias, diarios, revistas, portales de internet
y corresponsales extranjeros de la ciudad de Buenos Aires, el
conurbano bonaerense y de las principales localidades del interior
de la Argentina.
La revista
está llegando a las áreas de prensa y comunicación
de embajadas y organizaciones sociales, culturales, educativas,
gremiales, políticas, de derechos humanos, vecinales y
piqueteras, así como a los docentes y estudiantes de las
carreras de periodismo y comunicación social dictada en
universidades e institutos terciarios (ANC-Utpba).
(volver)
NOTAS
DE LA PUBLICACIÓN DEL OBSERVATORIO DE MEDIOS DE LA UTPBA
Buenos Aires,
22 de junio (ANC-Utpba).- La Agencia Nacional de Comunicación
(ANC) publica en esta edición algunas de las notas incluidas
en la publicación del Observatorio de Medios Político,
Social y Cultural de la Utpba.
Los interesados
en obtener la publicación deben solicitarla en Alsina 779,
ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos (011)
5218-2840 al 2845, correo electrónico observatorio@observatorio.org.ar,
página web www.observatorio.org.ar (ANC-Utpba).
(volver)
EL
PASTELERO, LA TORTA, LAS PORCIONES Y EL MAITRE (*)
Buenos Aires,
22 de junio (Por Néstor Restivo (**), ANC-Utpba).- A fines
del siglo pasado, es decir ayer, el 20% más rico de la
humanidad capturaba casi 90% del PBI mundial, en tanto el 20%
más pobre apenas recibía el 1%. Se difundieron entonces
cifras de escándalo, como que las doscientas personas con
más dinero del planeta poseían, entre todas, 1 billón
de dólares, algo así como 1/30 parte del producto
mundial. Y que si se hilaba más fino, se encontraba a tres
millonarios con más fondos que los PBI acumulados de los
países “menos adelantados” y sus seiscientos
millones de paupérrimos habitantes.
Cuando ese
desequilibrio inédito en la historia de la humanidad, que
se da a escala global y al interior de cada uno de la inmensa
mayoría de los países, aparece en los grandes medios
de comunicación sólo figura como un dato pintoresco.
Porque lo que sería en verdad un debate sobre la distribución
del ingreso-cómo deberían funcionar los esquemas
impositivos progresivos y cómo los Estados (no) regulan
los flujos de dinero-, es un tema que hace rato se cayó
de la agenda pública.
El reparto
de la riqueza generada por la especie humana fue un tópico
de la posguerra, pero en las dos últimas décadas
fue cooptado, salvo excepciones o iniciativas sin poder real hasta
ahora, por las agencias del dominio mundial sólo para engañar
a algunos o para cumplir con la conciencia de sus dirigentes con
menos capacidad de no tener vergüenza.
¿De
qué hablamos cuando hablamos de distribución del
ingreso? Tanto por un enfoque geográfico (regiones pobres/regiones
ricas) como por otro funcional respecto de los factores de producción
(trabajadores, propietarios de tierras, capitalistas) se trata
de definir cuánto recibe o genera cada país y cómo,
vía impositiva, en teoría lo distribuye en términos
de seguridad alimentaria, salud, educación en todas sus
fases, vivienda, cultura, etc.
Normalmente,
las dos formas de medir la distribución de la renta son
la curva de
Lorenz o, sobre todo, el índice de Gini.
En la primera,
dos diagonales cruzan datos sobre porcentajes de población
e ingreso: cuanto más ancho es el espacio entre ambas,
más inequitativo será el grupo estudiado. En el
segundo, su valor va de 0 a 1: cuanto más cerca de 1 esté
el índice, mayor será el grado de concentración
de la riqueza. Por ejemplo, en países como los escandinavos,
ese indicador ronda el 0,25 ó 0,30; la media mundial se
acerca a 0,4, y América Latina, donde la disparidad social
se agravó en modo alarmante desde que irrumpieron las mentiras
del neoliberalismo, hace dos décadas, se disparó
a casi 0,60. Nuestra región es la más desigual del
mundo, peor que África, peor que el sur de Asia.
Como recordó
Bernardo Kliksberg -economista del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)- si en 1980 la relación sobre lo que ganaban los
dos extremos de la pirámide poblacional mundial era de
237 a 1 (el 1% más rico “recibía” 40.711
dólares anuales per cápita, contra 112 dólares
del 1% más pobre) a fines del siglo XX el coeficiente era
de 417 a 1, es decir 76% más de brecha social. Y en América
Latina fue peor al promedio mundial.
En un artículo
reciente, Anwar Shaikh -economista marxista de la New School University
de Nueva York- indicó que si hoy en los países más
ricos el PBI por habitante se mide en 30.000 dólares anuales,
en los más pobres no alcanza a 1.000 dólares, “y
aun ese número atroz es engañosamente alto, pues
la gran inequidad dentro de cada país significa que los
pobres viven con mucho menos del promedio. Más de 1.200
millones de habitantes, 1 de cada 5, están forzados a vivir
con menos de 1 dólar por día”, sostuvo. Y
agregó Shaikh, citando datos oficiales de Naciones Unidas:
“Excepto en China, la pasada década de rápida
globalización estuvo asociada con un aumento de la pobreza
y el hambre. Más de 13 millones de niños murieron
de diarrea en ese período (...) y más de 800 millones
sufren de malnutrición”.
En rigor también China, en la cresta de la ola de un crecimiento
impresionante, tiene lo suyo. La revista británica The
Economist informó que el pequeño grupo más
rico del país, que ya es estudiado por Forbes o ChinaMoney
(filial de EuroMoney) como si fueran los Rockefeller, Gates o
Soros, posee en forma conjunta 23.000 millones de dólares,
es decir 1,6% del PBI. Un cuarto de las personas de ese grupo
son afiliados al Partido Comunista chino, y tres cuartos de los
“top 100” hicieron originalmente el dinero en negocios
inmobiliarios o en los grandes conglomerados chinos, lo que sugiere
que fueron fuertes lazos con el Estado los que les permitieron
capturar activos traspasados al manejo privado.
Confrontados
a esa realidad de la nueva China, 800 millones de campesinos de
esa nación viven en la pobreza o la miseria. La sexta economía
más grande del mundo tiene hoy un PBI de 1,4 billón
de dólares. Repartido en teoría entre sus 1.300
millones de habitantes, significa 1.000 dólares per cápita
al año, rango inferior a países como Namibia o Guatemala.
Mientras aquellos nuevos ricos acumulan el monto comentado, el
promedio de ingreso de los chinos es de 545 dólares por
año y en las zonas rurales de 316 dólares, es decir,
menos de 1 dólar por día.
Volviendo
al artículo de Shaikh, éste refutó básicamente
ese sofisma tan repetido de que el libre comercio trae necesariamente
desarrollo y prosperidad a todos, diciendo que es falsa la premisa
de que la competencia internacional nivela a los poderosos y eleva
a los débiles. En realidad, opera de otro modo: premia
a los poderosos y castiga a los débiles. “Desde esa
perspectiva -concluyó-, que el neoliberalismo empuje por
un libre comercio sin obstáculo puede ser visto como una
estrategia que beneficia más a las compañías
más poderosas de los países ricos”. De hecho,
otras cifras conocidas no hace mucho indicaron que de las “cien
economías” más grandes del mundo 51 eran en
realidad multinacionales antes que países. Por ejemplo,
el ingreso anual de 2001 de la petrolera angloholandesa Shell
casi duplicaba entonces al PBI de... ¡Venezuela!, uno de
los países con más petróleo del mundo, o
el de la más grande automotriz mundial, General Motors
de EE.UU., alcanzaba el tamaño de las economías
sumadas de Irlanda, Nueva Zelanda y Hungría, que no son
economías chicas precisamente.
Argentina,
con un modelo económico que por casi treinta años
privilegió la valorización financiera y produjo
concentración de la riqueza, exclusión social, “flexibilidad”
laboral, endeudamiento público y fuga de divisas, con un
Estado propicio a esa estrategia tanto en dictadura como en democracia,
repitió el curso hacia más desigualdad que vivió
todo el mundo. Pero con el agravante de que partió de niveles
de mucha mayor cohesión social y más igualitario
ingreso y captura de la renta por parte de todos sus habitantes.
Por ejemplo,
a mitad del siglo pasado la masa salarial de todos los trabajadores
argentinos, en virtual pleno empleo, sumaba 50% del ingreso nacional.
Y en la primera mitad de la década de 1970, esa porción
fluctuó entre 42 y 46%, para caer a 30% en el decenio siguiente
y bajar 10 puntos más en la actualidad, cuando además
se ha agregado el drama inédito de la pobreza y la indigencia,
aun entre asalariados.
El diputado
Claudio Lozano, director del Instituto de Estudios y Formación
de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), escribió,
en base a datos oficiales, que por cada 100 pesos que produce
el país, el 30% más rico apropia 65 pesos, y el
70% restante, 35. La recuperación económica argentina
actual, afirmó, “se basa en una mayor sobreexplotación
de la fuerza laboral”, entre otros factores, por falta de
financiamiento. Así, mientras hay en el país 30%
de trabajadores desocupados o subempleados, la sobreocupación
llega a 46%, con 11 horas de trabajo diario en promedio. Y en
la sobreexplotación también cuenta el hecho de que,
de todos los asalariados, 45,4% lo son en modo irregular o en
negro. A marzo último, por otra parte, 47,8% de los argentinos
son pobres y 20,5% indigentes, cifras mejores respecto al año
pasado pero todavía dramáticas.
Para un país
del cual la cúpula de su clase dominante fugó en
los años ‘90 y tiene atesorado en el exterior casi
tanto dinero como la deuda pública; para un país
que pese al default no supo, no quiso o no pudo retener aquí
su excedente y distribuirlo con más racionalidad, Lozano
también contrastó estos datos: los trabajadores
registrados ganan hoy, en promedio, 732 pesos por mes, y los no
registrados, 304 pesos. De media, todos los trabajadores ocupados
ganan 535 pesos por mes. Si se considera que la línea de
pobreza la marcan a marzo 717 pesos mensuales (la de indigencia,
327 pesos), esto significa que el promedio salarial del mundo
laboral argentino debería ser considerado un ingreso de
pobreza. Por eso, el dirigente insistió en que se recupere
la idea de un shock distributivo que la CTA plantea desde 2001
habiendo demostrado en detalle su viabilidad para financiarlo,
lo que incluye desde luego una reforma tributaria de envergadura.
Porque no
se trata de castigar o demonizar a quien tiene o acumula (si es
en base a un emprendimiento, a su capacidad, no al saqueo) sino
apenas de que el Estado aplique una tributación justa y
progresiva, y donde sobre todo se promueva el trabajo productivo
y se ataque la renta especulativa y el drenaje de riqueza al exterior.
Y que políticas públicas garanticen un ingreso mínimo
para los hogares en situación de pobreza e indigencia,
lo cual no sólo incidirá en el cambio del cuadro
distributivo, sino que además, como se planteó en
el trabajo citado, potenciará la capacidad de los asalariados
para discutir su nivel de ingresos y sus condiciones laborales
(ANC-Utpba).
(*) Publicada
en la Revista del Observatorio de Medios-Utpba junio-agosto 2004.
(**) Periodista de Clarín y Licenciado en Historia (UBA)
(volver)
HACIA
DONDE TIRAN LOS BUEYES (*)
Buenos Aires,
22 de junio (Por Daniel Muchnick (**), ANC-Utpba).- Cuando se
habla de distribución del ingreso se apunta a saber a cuál
de los sectores de la sociedad le toca comer o no de la torta
de la riqueza de una nación. Ese es el tema esencial para
saber hacia qué rincón tiran los bueyes de las políticas
económicas.
Por ejemplo:
la más importante y significativa distribución del
ingreso en favor de los trabajadores se dio, en la Argentina,
durante el primer gobierno de Perón.
Desde entonces,
prosiguiendo la misma línea previa, los hechos económicos
y las decisiones de las elites gobernantes confirmaron políticas
injustas para los asalariados. En 1952 Perón tuvo que hacer
frente a una crisis significativa, producto de un gasto inexplicable
de recursos más malas cosechas. Eso frenó las conquistas
y ventajas del tramo 1946-1951.
Después
de 1955 vino la adscripción al Fondo Monetario Internacional,
la suscripción de un acuerdo stand-by, la aceptación
de un plan que Frondizi llevó adelante, donde se conformaron
esas estrategias típicas de la “estabilización”
que pedía el organismo financiero. ¿Estabilización
para quién?
Estabilización
para los núcleos de poder y los sectores altos de la población.
Desde Washington se comenzó a presionar para desmantelar
el Estado, vaciarlo, saquear sus recursos y achicar sus prestaciones.
Los trabajadores quedaron desguarnecidos.
Para “engordar”
este tipo de políticas ortodoxas y monetarias se fueron
sumando problemas estructurales de la Argentina, como la inflación
y los ciclos espasmódicos de cierto crecimiento de la economía
seguidos de recesiones graves, estrechamente vinculados a la expansión
de la deuda externa. Todo cayó sobre las espaldas de aquellos
que estaban en relación de dependencia: el esquema tributario
y distintas exacciones.
El tiempo
regresivo se amplió en los setenta y a mediados de esa
década con el arribo del Proceso Militar que aplicó
una economía a pura represión. Así como se
terminó con la vida de miles (los “desaparecidos”),
el direccionamiento impuesto por el establishment y Martínez
de Hoz concluyó con la existencia misma de la industria
nacional. Con la apertura irrestricta a los productos importados
sumada a las cargas inflacionarias y recesivas se le agregó
el cierre de las fábricas, la desaparición del trabajo
y el incremento de la desocupación.
Más
tarde la democracia, lamentablemente, no alcanzó para traer
paz en los espíritus, en los bolsillos y en las perspectivas
de desarrollo individual y colectivo.
El menemato
siguió ferozmente con la agenda abierta en los sesenta
por Krieger y en los setenta por Martínez de Hoz. Un fiel
discípulo de aquellos mentores, Domingo Cavallo, posibilitó
-con aquella ficción que fue la Convertibilidad- pulverizar
cualquier equilibrada distribución del ingreso. La concentración
de la riqueza favoreció el enriquecimiento de los grandes
grupos empresarios prebendarios, el saqueo definitivo de los activos
estatales y la extranjerización.
La puerta, entonces, se les cerró a los trabajadores. La
marginalidad y la pobreza extrema aumentaron tras la devaluación
de 2002 junto con la desesperación.
Ahora la batalla
está dada por la exigencia de un mayor superávit
fiscal que está pidiendo el Fondo Monetario. Si el gobierno
concede ese pedido se anulará en el mediano plazo toda
posibilidad de cambio para mejorar a los desposeídos. Todo
lo cual agravará la tensión social (ANC-Utpba).
(*) Publicada
en la Revista del Observatorio de Medios-Utpba junio-agosto 2004.
(**) Periodista del diario Clarín
(volver)
ORGANIZAR
LA SOCIEDAD PARA DEMOCRATIZAR EL FUTURO (*)
Buenos Aires,
22 de junio (Por Martín Hourest (**), ANC-Utpba).- La nueva
etapa de la democracia argentina, con sus discretos avances en
materia de recuperación de la salud institucional, parece
llevar sin complejos ni culpas, el método de confiscación
del futuro para las mayorías, que fue el resultado de la
aplicación de la lógica neoliberal de los ‘90
y del golpe devaluacionista y concentrador de ingresos instalado
desde 2002.
Las tendencias
a naturalizar lo que quedó de la sociedad después
de las experiencias de Menem, De la Rúa y Duhalde no puede
ser escondida por retóricas que apelan a la “nueva
etapa de la producción”, a la “injusta distribución
del ingreso” y a la construcción de “una burguesía
nacional en el marco de un capitalismo serio”.
Las sociedades
se organizan, esencialmente, en torno a la manera en que producen
y distribuyen la riqueza, el tipo y la extensión de los
derechos de los que participan en ella, la forma en que revisitan
y reconstruyen su pasado y la lógica colectiva con que
delinean su futuro.
Es con referencia
a esas cuestiones que debe realizarse el juicio crítico
sobre la propia organización social y sobre las políticas
públicas que se llevan adelante.
La persistencia
de altos niveles de desocupación (más del 19% si
se resta el efecto de los planes Jefes y Jefas) y subocupación,
el crecimiento relativo de los empleos no registrados, precarios
y de baja productividad (que explican la inmensa mayoría
de los puestos de trabajo creados), el importante crecimiento
de la productividad del trabajo (surgida de la extensión
de la jornada que supera con holgura las 1950 horas anuales promedio
y de un incremento de la intensidad del uso de la fuerza de trabajo),
la convivencia con niveles brutales de siniestralidad laboral
que implica que cinco trabajadores mueran como mínimo por
día y cuya tasa de crecimiento duplica la expansión
anual del PBI, junto al mantenimiento de la tendencia al deterioro
de los salarios reales y el hecho de mantener sumergidos a casi
la mitad de nuestros compatriotas debajo de la línea de
pobreza permite afirmar por un lado que las políticas públicas
aspiran, no a modificar, sino a consolidar con vigor ésta
y no otra distribución de las oportunidades de realización
y capacidades de negociación.
La aparición
de un grave e inédito fenómeno en la sociedad argentina
como es el surgimiento de amplios sectores de lo que puede denominarse
población excedente, concepto de regresión social
que limita por debajo con la bestialización de las relaciones
humanas y por arriba con el ejercito de desocupados, subocupados
y ocupados no registrados y que se convierte en un inmenso patio
de maniobras para las relaciones de dominación social,
política y cultural.
La ruptura
del concepto intergeneracional de producción social representado
por la persistencia de niveles de pobreza de los menores de 18
años que alcanzan al 70% en el Nordeste argentino y superan
el 40% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todo ello
acompañado y producido por un fenómeno de concentración
de la extrema riqueza que dinamiza aspectos de la demanda interna
en su propio beneficio y se afirma en el ejercicio de la rebelión
fiscal de los grupos más poderosos contra el conjunto de
la sociedad.
En resumidas
cuentas, una forma de organizar la sociedad y de gestionar las
políticas públicas que conforma nuevas coaliciones
de grandes ganadores y sectores sociales subordinados que se integran
a ese desarrollo sobre la base de un modelo de crecimiento hacia
arriba y hacia fuera.
En este contexto, el Estado se convierte en proveedor y productor
de condiciones que legitiman esta forma de producir y distribuir
la riqueza, y esta extensión de los derechos que auspicia
el mantenimiento de la teoría del derrame hacia los de
abajo y otorga beneficios impositivos, subsidios cambiarios y
devaluaciones fiscales hacia distintas fracciones del aparato
productivo.
Sólo
la universalización de políticas de distribución
del ingreso que permitan construir una ciudadanía alejada
de la penuria permitirá profundizar la organización
democrática de la sociedad para facilitar construir individual
y colectivamente mayores niveles de autonomía.
Negarse a abordar este desafío, cualquiera sean los íconos
que se levanten y afirmaciones que se realicen, redundará
en una extensión de la dominación y la desigualdad
(ANC-Utpba).
(*)
Publicada en la Revista del Observatorio de Medios-Utpba junio-agosto
2004.
(**) Economista.
(volver)
POLARIZACIÓN
Y DESIGUALDAD EN PRENSA (*)
Buenos Aires,
22 de junio (Por Ana Santucho, Daniel Rodríguez, Adriana
Iacono y Glenn Postolski (**), ANC-Utpba).- La economía
de la década neoliberal de los ’90 evidenció
un proceso de fuerte concentración del ingreso y deterioro
de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Como
parte de las reformas estructurales implementadas, la privatización
de empresas públicas consistió en una importante
transferencia de activos hacia el capital concentrado. A mediados
de la década, y como consecuencia de la política
económica llevadas a cabo, se produjo un fuerte aumento
de la desocupación, subocupación y precarización
de las condiciones laborales, profundizando el deterioro del salario.
Escenarios,
todos, en que los trabajadores de prensa y su organización,
la Utpba, opusieron resistencia y libraron luchas que impidieron,
muchas veces, resultados peores en el marco del debilitamiento
de las fuerzas progresistas organizadas.
Como ya referimos en trabajos anteriores, favorecidos por un sistema
político asociado a sus intereses, los sectores dominantes
se apropiaron de una gran parte del patrimonio público,
así como de una considerable porción del ingreso
de los trabajadores. Las empresas obtuvieron elevadas tasas de
rentabilidad, parte de cuyo capital resultante más tarde
fue fugado al exterior.
Unos de los primeros bienes públicos en ser privatizados,
fueron los canales de televisión. La conformación
de los primeros multimedios, a principios de los ’90, fue
el comienzo del proceso de concentración que aún
continúa bajo la forma de poderosos grupos económicos.
Promediando
la década, luego de la “habilitación”
legal, los capitales extranjeros se sumaron a la disputa por el
control de las comunicaciones. Los cambios normativos producidos
durante los ‘90 favorecieron claramente los intereses empresarios,
privilegiando la maximización de la renta por sobre los
derechos comunicacionales.
Es fundamental
destacar que el proceso de concentración económica
se vincula estrechamente con el deterioro de las condiciones en
que se encuentran los trabajadores. Es decir que parte de las
altas ganancias empresarias es obtenida a costa del deterioro
del ingreso y las condiciones laborales.
El crecimiento
explosivo del empleo inestable se reflejó también
en el gremio de prensa. Una franja cada vez más amplia,
conformada por trabajadores precarizados, creció de la
mano de las medidas neoliberales de los ‘90. La figura del
colaborador pasó a ser el modo de “contrato”
preferido por las empresas, que desplazaron a los trabajadores
de las redacciones y les transfierieron la responsabilidad impositiva.
Dentro de esta modalidad se encuentra la diferencia entre aquellos
que son colaboradores permanentes (pero que no gozan de un vínculo
laboral) y los “freelance” que establecen relaciones
con distintos medios. Los que conservan sus puestos de trabajo
en relación de dependencia vienen padeciendo el aumento
de la jornada laboral, la pérdida de francos, el pluriempleo
y el deterioro permanente del salario, entre otros maltratos.
También
hay que señalar otros factores que se desprenden de esta
situación. Por un lado, el subempleo y por otro, el sobreempleo.
Por último, se encuentran aquéllos que ni siquiera
se hallan comprendidos dentro de las empresas, como es el caso
de los pasantes. En este marco, durante los últimos años,
“un tercio de los trabajadores de prensa perdieron su empleo
o su estabilidad laboral”.
Después
del estallido
La profunda
crisis económica, política y social de comienzos
de la nueva década repercutió fuertemente en todos
los ámbitos de la sociedad, produciendo graves consecuencias
sobre las mayorías sociales. Por citar sólo un dato
representativo, la población que se encuentra por debajo
de la línea de pobreza pasó de un tercio en 2001
a más de la mitad en 2002. Ya en los años anteriores,
la recesión de la actividad económica se expresaba
también en la caída en las ventas de diarios y revistas,
así como en los abonados de televisión por cable.
Esta tendencia
se profundizó a partir de 2000. El total de lectores de
diarios muestra una tendencia decreciente entre 2000 y 2002 que
va del 30% al 24% respectivamente; en el caso de las revistas
semanales, se observa una reducción de los lectores del
18% en el mismo período; la penetración del cable
en los hogares también mostró una tendencia a la
baja a partir del año 2000, cuando se situaba en el 58%
hasta el año 2002 que llega al 55%. Debido a la regresividad
de la distribución del ingreso, la caída del consumo
de bienes culturales es relativamente mayor en los sectores de
bajos ingresos, aumentando así su concentración
en los sectores de mayores recursos.
La Argentina
post-convertibilidad generó un escenario donde los actores
dominantes del sector de medios debieron practicar una estrategia
defensiva en búsqueda de la preservación de su patrimonio.
Para muchos, la devaluación implicó una importante
licuación de sus pasivos y, a la vez, debilitó a
quienes se encontraban endeudados fuertemente en divisas extranjeras.
Ante esta situación, los dueños de los medios adoptaron
una serie de herramientas para transferir parte de su crisis a
otros sectores. Se pasó de la apología del liberalismo
a la presión lisa y llana por subsidios del Estado, y así
se impuso la sanción de la llamada ley de las “Industrias
Culturales”. El argumento central con el cual se aprobó
esa ley fue el de resguardar la propiedad nacional de los medios
para salvar a las empresas del sector de ser absorbidas por el
capital extranjero.
La adopción
de diferentes instrumentos jurídicos para diferir sus responsabilidades
formó parte de las estrategias empresarias. Todos los grupos
han optado por diferentes formas para negociar con sus acreedores.
Estas incluyen desde el pedido de concurso preventivo y la solicitud
del Procedimiento Preventivo de Crisis hasta los acuerdos preventivos
extrajudiciales homologados.
Otra estrategia
“para salir de la crisis” también pretendió,
en el caso de prensa, avanzar por sobre la conquista histórica
del Estatuto del Periodista (Ley 12.908). Así, las empresas
utilizaron distintas maniobras que incluyeron desde la inscripción
de trabajadores de prensa bajo otros tipos de convenios (más
favorables a sus intereses) hasta el lobby sobre los legisladores
y el Poder Ejecutivo para derogarlo. La movilización y
oposición de los trabajadores y su organización,
la Utpba, impidió estas intenciones.
Ahora, bajo
la excusa de la “apremiante” situación económica
que transitan los medios de comunicación, tratan de negociar
partes del mismo, atacando -así lo han hecho en un documento
entregado al gobierno y sobre el que vuelven reiteradamente- la
figura del colaborador, reconociendo la irregularidad de su situación,
admitiendo -de manera indirecta- la evasión de aportes
en ese sentido, pero dando vuelta la carga de la responsabilidad,
buscan “blanquear” ese estado de cosas, negociando
con el Estado el pago de una parte de la deuda a cambio de una
nueva condición que transforme definitivamente al colaborador
en un prestador.
Las
reglas del juego
Son los grandes
grupos quienes definen la lógica dominante dentro de la
cual se van a desarrollar las estrategias de supervivencia y recuperación
del sector, a partir principalmente de su capacidad de negociación
con el Estado. Diversos temas forman parte de ese acercamiento:
el vencimiento de las licencias, el reparto de la publicidad oficial
y la negociación de las abultadas deudas impositivas.
El año
2003 significó para las empresas, merced a los índices
de recuperación de la economía en general, un pasaje
de una etapa defensiva a otra donde el objetivo fue retomar los
márgenes de rentabilidad previos a la recesión.
El mercado
publicitario comenzó a recuperarse, aunque ello no significó
lo mismo para todos. La concentración en grandes grupos
sesga también el reparto de la torta publicitaria. Las
tendencias oligopólicas presentes en la industria cultural
implican que cada segmento se encuentra dominado por las empresas
con mayor presencia, que a su vez corresponden a los grupos más
poderosos. Por ejemplo, en el segmento correspondiente a la televisión
de aire de la Capital Federal que concentró casi el 50%
del ingreso publicitario durante 2003, se distribuyó principalmente
entre los dos grandes competidores, ambos pertenecientes a su
vez a dos de los grupos más concentrados (Canal 13/Grupo
Clarín, Telefe/Grupo Telefónica).
El aumento
de la inversión publicitaria implicó una tendencia
positiva del sector. Del piso de 1.695 millones de pesos en el
año 2002, se pasó a un total de 6.467 millones de
pesos en el año siguiente, mostrando una importante recuperación4.
Aunque los índices de venta (tanto de diarios, como de
revistas o abonados al cable) no han mejorado, la tendencia a
la caída parece revertirse. El precio de tapa de los medios
gráficos sufrieron un aumento promedio del 27%, que estuvo
muy por debajo del aumento de casi un 75% de la canasta alimentaria.
De esta forma, varias empresas han comenzado a mostrar signos
de reinversión y expansión: la editorial Perfil
abrió varias publicaciones, Cimeco (perteneciente a Clarín
y La Nación) lanzó el nuevo diario “Día
a día” en la provincia de Córdoba; Telefe,
por primera vez en cinco años, tuvo un balance positivo,
y La Nación logró una quita del 60% de su deuda
y salió del default.
Hambre
para hoy...
Luego de la
devaluación, el escenario económico social significó
un nuevo golpe a las condiciones de vida de los trabajadores de
prensa. Durante los primeros meses de 2002, el aumento de precios
generalizado, en particular de los bienes que integran la canasta
alimentaria, provocó un profundo deterioro en su nivel
de ingreso.
Ante el contexto
de la grave crisis económica vigente en esos momentos,
la política que adoptaron las empresas fue plantear una
falsa opción para los trabajadores consistente, por un
lado, en la amenaza latente de la posibilidad de cierre y, por
otro lado, el chantaje de la necesidad de deterioro de las condiciones
laborales y salariales como única forma de conservar los
puestos de trabajo.
El miedo a
la pérdida de trabajo actuó como fuerte disciplinador,
llevando a los trabajadores a adoptar una posición defensiva
a la hora de la negociación con las empresas. Esta situación
se enmarcó dentro de una creciente caída del salario
real.
Desde el gobierno,
las medidas tomadas para intervenir en esta situación fueron
escasas y débiles. El establecimiento de la “doble
indemnización” resultó un freno frente a la
nueva avanzada empresaria que esgrimía la necesidad de
despidos generalizados. Pasaron varios meses antes de la nueva
intervención gubernamental sobre el mercado laboral, esta
vez decretando un magro aumento salarial que sólo alcanzó,
en el caso de las empresas que dispusieron cumplir la normativa,
a los trabajadores “en blanco”.
Frente a estas
condiciones fuertemente desfavorables, los trabajadores de prensa
junto a su organización enfrentaron esta situación,
manteniendo la resistencia a la degradación de las condiciones
laborales. Las distintas acciones llevadas a cabo permitieron
atenuar las consecuencias negativas de esta nueva etapa.
En 2003, “junto
a la recuperación económica, si hubo algún
grado de redistribución del ingreso, ésta fue claramente
regresiva: mientras una amplia capa de la población -trabajadores,
desocupados, jubilados- perdió capacidad de compra con
sus ingresos, una franja superior está recuperando la capacidad
de demanda”.
Cara
y contracara
En la etapa
de crecimiento económico, los grupos de la comunicación
se beneficiaron ampliamente, no sólo por la apropiación
de la riqueza generada por los trabajadores, sino también
por el despojo de las condiciones laborales y el favor otorgado
por el Estado por medio de los cambios normativos.
Durante la
crisis económica post-devaluatoria, los grandes grupos
conservan su poder de condicionamiento sobre las políticas
públicas y, en el caso del endeudamiento, apuestan a una
negociación efectiva por parte del Estado que favorezca
su situación. También es importante destacar su
mejor posicionamiento relativo frente a la recomposición
económica.
Este proceso
resulta en una continua polarización social, ya que el
fuerte aumento de la pauperización de los trabajadores
de prensa es impulsado por un proceso similar de apropiación
de riqueza, conocimiento y saberes producidos por los trabajadores
de parte de los grupos concentrados. Si bien en los últimos
tiempos se abundó en la referencia a la primera dimensión
del proceso, son escasas las menciones sobre su contracara y causa
(ANC-Utpba).
(*) Publicada
en la Revista del Observatorio de Medios-Utpba junio-agosto 2004.
(**) Integrantes del Área de Investigación Utpba
(volver)
